Mundial 2026
ICE ante el Congreso de EE.UU.: prometió un Mundial 2026 “seguro”
Existe el escenario que empieza a preocupar: la posibilidad de que visitantes y comunidades migrantes teman asistir a los partidos o circular por zonas de alta afluencia por miedo a ser detenidos “injustamente” o “arrancados” del lugar por agentes federales
La discusión sobre inmigración en Estados Unidos sumó este martes un ingrediente inesperado: el Mundial. En una audiencia de supervisión en la Cámara de Representantes, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, aseguró que la agencia está comprometida con que la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sea “un evento seguro y protegido”, pero evitó prometer una suspensión de operativos migratorios durante los encuentros, como reclamaron legisladores demócratas.
El cruce se produjo durante una extensa sesión del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, en la que también participaron el jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, y el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow. Los tres defendieron la estrategia de control migratorio impulsada por el presidente Donald Trump, en momentos en que el despliegue de agentes se expandió con nuevos fondos aprobados por el Congreso el año pasado y en medio de un clima político cada vez más polarizado.
La congresista demócrata Nellie Pou, cuyo distrito en Nueva Jersey albergará partidos del Mundial, le planteó a Lyons un escenario que, según advirtió, ya empieza a preocupar a autoridades locales y actores del sector turístico: la posibilidad de que visitantes y comunidades migrantes teman asistir a los partidos o circular por zonas de alta afluencia por miedo a ser detenidos “injustamente” o “arrancados” del lugar por agentes federales.
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Pou le pidió a Lyons un compromiso claro: pausar las operaciones de ICE durante el desarrollo de los eventos para no “dañar todo el proceso” organizativo y para evitar que la atmósfera de seguridad se convierta, en los hechos, en un factor de intimidación.
Lyons respondió que comprendía la inquietud, pero no concedió el pedido. En cambio, sostuvo que ICE está “dedicado a la seguridad de todos los participantes y también de los visitantes”, sin precisar si esa “seguridad” incluirá modificaciones operativas o límites específicos a detenciones en áreas cercanas a sedes, estadios o puntos de concentración.
La legisladora advirtió que “la confianza de los visitantes está desplomándose” por la actividad federal previa al torneo. El mensaje fue directo: un Mundial no solo es un evento deportivo, sino un desafío logístico y reputacional para el país anfitrión. En ese marco, la percepción internacional -y la experiencia concreta de hinchas extranjeros- puede convertirse en una variable política interna, sobre todo si hay incidentes vinculados a controles migratorios durante el campeonato.
El intercambio por el Mundial se dio en una audiencia atravesada por otras controversias que vienen golpeando a las agencias de Seguridad Nacional. En las últimas semanas, la política migratoria de la administración Trump quedó bajo escrutinio tras episodios de violencia durante protestas en Minneapolis, donde dos manifestantes murieron por disparos de agentes federales.
En el Congreso, demócratas insistieron además en cuestionar el uso de máscaras por parte de oficiales durante operativos, una práctica que, según denuncian, dificulta la identificación y alimenta la sensación de “policía secreta”. Lyons, según se expuso en la sesión, se negó a obligar a sus agentes a retirarlas y defendió que algunos las usan por temor a amenazas y doxing.
A este cuadro se suma la presión presupuestaria: existe la amenaza de un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) si no se alcanza un acuerdo antes del vencimiento del financiamiento vigente. Los demócratas buscan imponer restricciones y reglas más estrictas, incluyendo estándares de uso de la fuerza, mayor identificación visible de los agentes y medidas contra el perfilamiento racial. Los republicanos, en cambio, advierten que un cierre debilitaría áreas sensibles como la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional.
Con información de: Clarín